Terrorismo patronal
César Lévano
La guerra antisindical se agrava en el Perú. Mario Huamán recordó anteayer que la cifra de despedidos en el sector privado pasa de tres mil. Los que más se distinguen en esta ofensiva patronal son empresarios de lo más prósperos: agroexportadores, textiles que venden al exterior y mineros.
Los patrones ejercen hoy la violencia, incluso con balas, contra los trabajadores que cometen la temeridad de organizar sindicatos.
La denuncia más seria, sobre la cual un curioso gobiernismo periodístico dice que no hay pruebas, es la que pesa sobre la agroexportadora Camposol, la de mayores ingresos en dólares en La Libertad. El hecho es tan serio que la empresa llegó a comprometerse a investigar y sancionar a los responsables de las agresiones efectuadas por matones que dispararon contra los trabajadores dentro de la propia empresa.
Tan cierta es la agresión, que los heridos existen.
Se trata de una escalada de nuevo tipo. Al empresario desalmado no le basta ya con despedir, hostilizar, disolver sindicatos mediante amenazas y represalias.
Ahora acude a bandas de forajidos debidamente organizados y armados. Se empezó a ver en construcción civil; se observa hoy en el agro trujillano.
La ofensiva antisindical es una amenaza no sólo contra los derechos laborales de los trabajadores. Implica asimismo un peligro contra la paz pública. Es evidente que si el régimen aprista no hace nada por evitar las agresiones criminales y más bien las ampara, en algún momento algún grupo de trabajadores puede verse impulsado a responder como es debido.
La historia ofrece lecciones al respecto. A fines del siglo XIX se formó en Estados Unidos la agencia de detectives Pinkerton, que se encargaba de eliminar, a sangre y fuego, sindicatos y sindicalistas. En un momento, informa el historiador Jeremy Brecher en su libro Strike! (¡Huelga!), esa banda de rompehuelgas tenía más hombres que el Ejército de la Unión. Pues bien: un buen día, en 1892 los obreros del acero decidieron enfrentar la fuerza con la fuerza. Los sicarios causaron pero también sufrieron muertes, y al final se rebelaron contra sus amos y el país reaccionó contra éstos.
La denuncia de Mario Huamán tiene el valor de una advertencia.
Ahora, el ex premier Carlos Ferrero precisa que los despidos no ocurren sólo en el sector privado. Hay otros diez mil en el sector público. En esta columna hemos señalado el abuso contra funcionarios cuyo único delito es no ser apristas o denunciar corruptelas, como lo señalamos respecto al Programa Nacional de Alimentación, donde hace seis meses se despidió a especialistas calificados que eran, además, dirigentes sindicales.
Justo es que la CGTP y otros organismos sociales preparen una movilización de masas contra la ola de abuso y violencia.
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