El zorro de arriba
De política, cultura y cosas peores

Así pulverizó al grueso de las cooperativas, SAIS y empresas rurales de propiedad social que habían sobrevivido a la revanchina acciopopulista del tramo 1980-85.

Pero 20 años después, la realidad le revienta en la cara: en el universo minifundista no se ha dado la cacareada revolución productiva y hoy casi todos los parceleros están quebrados.

Entretanto, las pocas empresas asociativas supérstites lucen tan o más prósperas que las mejores haciendas privadas. Lo cual demuestra que la tesis parcelaria sólo era una coartada para reconstruir a la postre el latifundio.

Pero como si las lecciones de la realidad fueran inútiles, ahora el segundo régimen alanista nos sorprende con otra embestida —potencialmente— aún más nefasta: el Decreto Legislativo Nº 1015, publicado el 20 de mayo y mediante el cual se propende abiertamente la parcelación, mercantilización y virtual extinción de las comunidades campesinas de costa, sierra y selva.

Para el efecto, en contra de la Constitución, el Código Civil, el Convenio 169 con la OIT, la opinión de la Defensoría del Pueblo y la razón, ha dispuesto que el destino de las tierras comunales sea decidido no por más del 50 % de los miembros hábiles de cada comunidad, sino únicamente del 50 % de los que asistan a las asambleas convocadas (y manipulables) para tratar el asunto.

Pregunta: ¿En qué sociedad anónima, cooperativa, asociación civil o sucesión de herederos rige tan arbitraria determinación? En ninguna. Pero el Dr. García y sus aláteres mediáticos hablan de igualdad para ensanchar las desigualdades.

Ayer contra las cooperativas agrarias, hoy contra las comunidades campesinas y nativas: la misma irresponsabilidad, la misma prepotencia regresiva.